Tesis aislada 7o.4 A (10a.) con registro 2019664.

Esta tesis fue hecha pública el 12 de abril de 2019 y consideró inconstitucionales los artículos 80, fracción XII, inciso A), y 81, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos que actualmente obligan a cubrir derechos de inscripción POR APODERADO y no por ESCRITURA en la inscripción de poderes en el INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS (“ISRYCEM”)

El antecedente del caso es el siguiente: THOMAS CASE CAPITAL S.A. DE C.V., sociedad mercantil dedicada a realizar inversiones inmobiliarias (en adelante solo “TCC”), emitió poder notarial en Morelos en el que señaló 6 personas físicas como apoderados legales. Por las características del mandato, dicho instrumento debió ser inscrito en el ISRYCEM. Para otorgar dicho servicio, el ISRyCEM exigió a TCC el pago de derechos por el equivalente a SEIS REGISTROS, es decir, un pago por cada uno de los apoderados que consignaba la misma escritura pública. La sociedad mercantil, inconforme con la exigencia de la autoridad, buscó corregir de forma ciudadana lo que consideró un error humano, “posiblemente de interpretación”. La respuesta a la gestión del gobernado fue contundente por parte del ISRyCEM: no existía error humano y la interpretación aplicada era la correcta; la obligación de pagar por apoderado —y no por escritura— estaba consignada en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y debía ser acatada si TCC deseaba registrar el poder emitido:

Artículo 81 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.- Para el cobro de los derechos que establece el artículo anterior, se observarán las siguientes reglas:

I. Si un mismo título origina dos o más inscripciones, los derechos se causarán por cada una de ellas, cotizándose separadamente; por tanto, para los pagos de estos derechos, se expedirán tantas boletas o recibos como inscripciones se hagan. (…)

Como muchas otras sociedades mercantiles con operaciones relevantes, TCC tenía en ese entonces, y sigue teniendo en la actualidad, la necesidad de emitir y revocar mandatos con relativa frecuencia para alcanzar su objeto económico. En un contexto de intensa actividad económica, la obligación de pago de derechos por el registro de poderes notariales en el Estado de Morelos representa —en el acumulado— una erogación sustancial para cualquier sociedad mercantil.

Nuestro despacho fue elegido para representar judicialmente los intereses de TCC.

El resultado de nuestra participación se consigna en la tesis interpretativa que le presentamos aquí hipervinculada al Semanario Judicial de la Federación.

Esta decisión judicial significó para nuestro cliente el beneficio de erogar únicamente los derechos de un (1) registro, el de la escritura pública que contiene el poder otorgado a seis personas físicas, y no como la ley vigente todavía lo ordena, que es por apoderado, además de extender esta protección a todos los poderes futuros que TCC emita y registre en el ISRYCEM de conformidad con la norma declarada inconstitucional.

Si desea saber más de este asunto, contacte a Juan Luís García Arellano, encargado de litigio constitucional.

En un caso de derechos de consumidor, nuestra oficina obtuvo condena contra ATT por reembolso de costas. La sentencia condenó a la empresa a pagar los honorarios reales devengados y no el porcentaje del 25% sobre la cuantía del juicio, misma que, tratándose de un contrato de telefonía, eran simbólicos y no compensaban al consumidor el gasto real realizado para defender sus derechos.
En un caso probono, nuestra oficina defendió exitosamente a un ciudadano del cobro abusivo de parte del organismo administrador del servicios de agua potable de la Ciudad que le imponía el pago de una "cuota mínima" a pesar de no tener servicio efectivo.
Nuestro despacho asesoró exitosamente a una empresa de publicidad extranjera cuyo pago por servicios prestados al municipio de Cuernavaca no fue honrado oportunamente. La empresa demandó el pago de intereses contractuales y el municipio se negó. La sentencia obliga al municipio a cubrir tanto la suerte principal como los accesorios.

Nuestro socio fundador es contratado por despacho norteamericano para testificar en juicio extranjero sobre derecho mexicano. Si desea saber más sobre estos servicios, haga click aquí o contacte a Omar Mondragón-López.

Nuestra oficina participó, en colaboración con un despacho internacional con oficinas en México, en la defensa de los intereses de una empresa minera extranjera con operaciones en el Estado de Morelos.

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